Durante dos largos y muy publicitados días, la carretera Panamericana Norte fue bloqueada por una manifestación violenta de pobladores de Huarmey (Ancash), que denunciaban la supuesta contaminación que generaba las operaciones de la minera Antamina en esa zona costera. El 18 y 19 de junio de 2001, como dijo un titular de prensa, “el país quedó partido en dos”. No había tránsito entre el norte y el sur.
Lo curioso era que, las operaciones se inaugurarían recién seis meses después, y aún no se había exportado ni un solo gramo de cobre desde el puerto construido por la empresa en Huarmey. Pero el frente de defensa de ese pueblo aducía que ya se habían producido daños y que las instalaciones no eran seguras.
La actitud belicosa de grupos enmascarados que colocaron barreras, quemaron llantas, y asediaron a los transportistas y pasajeros de ambos lados del bloqueo, fue observada por miles de televidentes, pues los manifestantes habían llevado medios de comunicación locales y prensa extranjera a la zona para presenciar su protesta. ¿Qué hacer ante esa crisis? ¿Cómo actuar ante las manifestaciones de cruda violencia y ante el temor avivado a nivel nacional?
El problema y su contexto: Antamina (CMA) estaba por culminar en tiempo récord (menos de tres años) la construcción de sus instalaciones en las alturas del Callejón de Conchucos, un mineroducto que desplazaría hacia la costa el producto en forma de una masa húmeda, y el puerto minero para embarcar de modo encapsulado el concentrado de cobre. Una inversión exitosa de 2,300 millones de dólares destinada a incrementar en un 25% la producción de cobre del país y aportar con aproximadamente 2.4 puntos del producto bruto interno del país.
Sin embargo, en esa época post-fujimorista, el país vivía un desborde popular donde se daba cabida a pretensiones autónomas y separatistas en función de los viejos suyos (o regiones incas), y se cuestionaba las privatizaciones. Huarmey se convirtió en un laboratorio de pruebas por la asociación entre autoridades locales y organizaciones no gubernamentales ambientalistas, en busca de ganar presencia y figuración pública. Conformaron el frente de defensa de Huarmey que levantó las banderas del No a la Contaminación, como pretexto para entrampar el progreso minero y visibilizar su reclamo.
El alcalde, la gobernación regional, y el llamado frente de defensa, convocaron a la minera a un “diálogo” para que se expusiera el proceso de exportación de concentrados de cobre desde Huarmey y las medidas de prevención ambiental. El 12 de junio acudieron ahí de buena fe, el viceministro de minas, el vicepresidente de asuntos públicos de CMA, Felipe Cantuarias, y representantes de la iglesia. Pero todo fue una trampa.
Una vez que los invitados estaban en la sede municipal de Huarmey, los pobladores fueron incitados a llenar la plaza donde se ubicaba el local, a fin de “pedir cuentas” a la empresa. Varios grupos ajenos a la población traídos de otros lugares, arengaban con furia y levantaban palos y piedras. Los expositores que habían preparado intervenciones técnicas, fueron forzados a hablar con altoparlantes ante centenares de pobladores, constantemente interrumpidos por rechifles y amenazas a viva voz. La escasa dotación policial fue insuficiente para disuadir y apaciguar los ánimos. La tensión crecía.
Ante la amenaza, las propias autoridades y funcionarios invitados ingresaron al municipio para estar protegidos, suspendiendo el supuesto diálogo técnico. Eso fue criticado como un desplante y la masa fue incitada a sacarlos por la fuerza. La policía disparó unas lacrimógenas y resguardó el ingreso. Permanecieron prácticamente secuestrados por muchas horas, soportando el griterío, hasta que pudieron abandonar el local.
A la semana siguiente, el frente lanzó su arremetida violentista con el bloqueo de la carretera y conminando al ministerio de energía y minas (MEM) a clausurar las instalaciones de la empresa.
La gestión y su estrategia: La estrategia de comunicación, que propusimos (en esa época el autor era el gerente de comunicación de CMA) consistió en separar el bloqueo de la carretera del conflicto minero-ambiental. No debíamos sobre reaccionar, ni discutir públicamente sobre el bloqueo. Cabía emplear todos los contactos para que tanto autoridades del MEM como mediadores intervinieran para apaciguar y establecer un diálogo directo.
Visitamos medios de comunicación y hablamos con los contactos de prensa para explicar que aún no se había producido ningún daño y que las medidas ambientales habían cumplido con todos los requisitos técnicos y autorizaciones. Sugerimos a la prensa constatar que los manifestantes estaban acosando a miles de transportistas y pasajeros atrapados en la vía, a los que extorsionaban para pedir cuotas, para movilizarse por urgencias médicas y hasta para conseguir agua o algún alimento. Varios medios asumieron esa perspectiva.
De ese modo, si bien el primer impacto noticioso del bloqueo puso a la minera en boca de todos, cuando los medios mostraron el drama social, la violencia y los abusos atribuidos al frente de defensa, éste tuvo que dar explicaciones y retroceder en sus actitudes y demandas. El boomerang del impacto regresó hacia ellos y los descolocó. Los integrantes del frente se desunieron.
En paralelo, se logró que el MEM diera explicaciones técnicas y que convocara a una mesa de diálogo entre las partes, en Lima, a ser mediada por alguien que ambas partes respetaban: el monseñor Luis Bambarén, obispo de Chimbote. Se creó una Comisión Ad hoc para discutir y conciliar los temas, donde el frente de defensa no fue incluido, sino las autoridades locales y las organizaciones asesoras de modo independiente.
Resultados: El gobierno tuvo que disponer el desbloqueo y restaurar el orden público para facilitar el derecho de libre movilización de los ciudadanos. Al separar la violencia del bloqueo respecto a los temas en conflicto se logró que la empresa se distanciara de ese problema y pudiera actuar con menor presión. De hecho, la empresa reconsideró autocríticamente algunas decisiones como la de incorporar no sólo al puerto sino a la población de Huarmey como área de influencia, y la de adelantar todo su programa de visitas guiadas y explicación didáctica sobre las operaciones costeras.
La Comisión Ad hoc, terminó avalando el correcto proceder de la empresa en sus obligaciones formales. Derivó en la creación de una mesa de desarrollo entre las partes, en la que la minera financiaría proyectos en favor del desarrollo local, mientras la empresa lograba que Huarmey dejara de ocuparse únicamente del supuesto problema ambiental para enfocarse en sus necesidades vitales de agua, alimentación, salud y educación.
Así aprendimos que: las tribulaciones que pueden afectar a una empresa importan muy poco comparadas con los pesares e injusticias que afectan a la población en general (como la violencia y el impedimento de transitar). Cuando una población reclama ser parte “afectada” por una actividad extractiva, aunque técnicamente no sea cierto, es mejor incluirla para convertirla en una interlocutora legítima.
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