Recientemente se ha anunciado que el Estado de Chile deberá pagar 1,4 millón de dólares a los mineros que trece años atrás debieron pasar 68 días atrapados en la mina San José, a 720 metros de profundidad. El caso ha vuelto a la actualidad por este hecho que, en apariencia, cierra una larga y dolorosa herida.
La coyuntura es precisa para recordar por qué decimos que las crisis no siempre son sucesos sorpresivos o repentinos, y por qué las consecuencias de la crisis son proporcionales a la falta de preparación para prevenirlas.
La Corte Suprema rechazó un último recurso presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) chileno y por ello, la sentencia ya emitida deberá ser acatada. Los mineros reclamaron que hubo una falta de servicio de las instituciones estatales a cargo de la fiscalización de los yacimientos del país, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Secretaría Regional ministerial de Salud y la Dirección del Trabajo (Infobae, Set., 5).
Recordemos el drama:
El accidente de la mina San José, actualmente cerrada, y que se halla cerca de Copiapó, unos 800 kilómetros al norte de Santiago, se produjo el 5 de agosto de 2010, cuando una roca del porte de un edificio se desprendió de la montaña, hundiendo las galerías y bloqueando el ingreso de la mina. Los mineros debieron sobrevivir bajo tierra hasta el 13 de octubre de ese año, cuando fueron rescatados, uno por uno, a través de la cápsula Fénix, un equipo fabricado especialmente para la situación, con el apoyo de la NASA.
Eran 33 los hombres que pudieron llegar a un refugio dentro de las galerías, donde había galletas y latas de atún para 48 horas. Sobrevivieron en ese cautiverio malsano, hasta que una sonda penetró en las cercanías, lograron contactarlos y pasarles poco a poco bebidas con nutrientes y una señal de comunicación.
Después de la algarabía de su rescate (hecho que fue liderado por el entonces presidente Sebastián Piñera), comenzó un largo proceso de acusaciones procesales y juicios. Todos los mineros reciben actualmente una pensión mínima del estado y muy pocos aún laboran de modo independiente. Nadie ha vuelto a trabajar en minas. Sólo 31 de ellos firmaron la denuncia que hoy les permitirá recibir alrededor de 47 mil dólares a cada uno.
Luis Urzúa, uno de los mineros, quien hoy está dedicado a dictar conferencias sobre seguridad laboral, señala que la indemnización significa el cierre de un ciclo. “Está marcando un precedente para la minería en Chile. Para mí no era tan importante la plata, sino que había que cerrar este ciclo”, afirmó (Xl.semanal.com/actualidad).
La improvisación:
Toda empresa que no está debidamente preparada para afrontar sus riesgos termina sufriendo una crisis. Como subrayamos en otra parte: suele pasar que la primera crisis puede ser la última. En el caso de la mina San José no era la primera, pero sí fue la última. La compañía ya había sido notificada y sancionada incluso con una paralización por un accidente en 2006.
Los dueños de la minera pidieron públicas disculpas cuando fueron confrontados ante el Congreso chileno; reconocieron que habían causado un profundo sufrimiento a sus empleados y sus familias. Pero ni a ellos ni a sus directores de la operación les pasó nada más. En otras palabras, al ser calificado el hecho como un accidente, fueron librados de todos los cargos que se les atribuía.
Más allá de esos hechos, debe quedar claro que el derrumbe de la montaña no se produjo por un sismo localizado solo en esa operación minera. Fue obvia consecuencia de trabajos mineros, explosiones controladas, fallos de cálculo. La perturbación de la naturaleza les pasó la factura. Cuando un líder dispone que un grupo de personas vaya a trabajar 700 metros bajo tierra, debe estar seguro de que saldrán sanos y salvos.
Una excusa formulada por los dueños en el proceso, fue que la entidad geológica del estado, a la que recurrieron para pedirle las medidas correctivas, se demoró y proveyó sugerencias que fueron atendidas antes de reabrir la mina en la anterior paralización. Seguramente las entidades del estado también tienen su responsabilidad y por eso el estado indemniza a los sobrevivientes.
Como fuere, nada justifica una crisis de esa magnitud, ni siquiera el azar o los hechos de la naturaleza. Porque las crisis avisan, tocan la puerta, se manifiestan de muchas maneras antes de convertirse en una situación fuera de control. Basta recordar el grave derrame petrolero en el golfo de México a causa de una falla en una plataforma de British Petroleum (BP), que hasta el 2010 había sido la campeona de infracciones e irregularidades de seguridad, según los organismos federales USA. Nada cambió su afán de operar a toda costa.
El problema central es que los directivos de las organizaciones no prestan oídos a las alertas, a los informes sobre riesgos, o simplemente los ignoran. Algunos funcionarios se escudan en la sabia negligencia de falta de presupuesto para hacer fiscalizaciones o supervisar procesos críticos. Algunos ejecutivos se dejan llevar por la adrenalina de correr el riesgo, de andar por la cornisa, o de confiar excesivamente en sus propios reflejos. El resultado son las crisis que dañan no solo el capital y los objetivos de una empresa, sino la vida y salud de sus trabajadores.
Fuentes:
- Estado chileno deberá pagar indemnización a los 33 mineros. Infobae.com
- La historia jamás contada de los 33 mineros chilenos. Xl.Semanal.com/actualidad
- Los dueños de mina San José pidieron disculpas ante el congreso. Elmundo.es/américas
- Oviedo, Carlos. La Crisis en Escena, cómo entender, gestionar y prevenir la crisis en las organizaciones/ Una situación repentina, pág. 47, Amazon.com
- Foto: Clarin.arg
